El Jefe de Gobierno de Buenos Aires ha decidido no apelar un fallo de primera instancia que permite el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Se abre así el debate sobre la equiparación del matrimonio homosexual y el celebrado "como Dios manda". Y si bien en el Congreso, y en la sociedad toda, se prepara la discusión sobre un tema de alto contenido polémico por lo transgresor desde una mirada histórica, el punto de partida radica en una decisión ciertamente equivocada.
No estoy de acuerdo con la decisión de no apelar el fallo. A ver, no tengo nada contra el matrimonio homosexual. De hecho, hasta es envidiable el amor que emana de esas dos personas que ahora podrán casarse al ver las conferencias que brindan por televisión! Ojalá alguna vez vuelva a amar a una mujer con la misma intensidad con que lo hacen esos dos flacos.
Pero el fallo, que es de un tribunal local de primera instancia y declara la inconstitucionalidad de una norma federal (arts. 172 y 188 del Código Civil), ni siquiera será revisado por un tribunal de alzada. A esto, desde el punto de vista jurídico, no se lo puedo consentir. Un poder político local (en este caso, el Gob. de la Ciudad a través de su Administración Pública) está omitiendo decididamente velar por la vigencia de una ley nacional sobre la que no le es dado legislar (vetar o promulgar). Hay temas que, por mejor prensa que le generen a un político que quiere mostrarse progresista, exceden del ámbito de su competencia en base a la organización federal de gobierno establecida por la Constitución Nacional.
La inconstitucionalidad de una norma debe ser declara ultima ratio (como último remedio para fundar una decisión ajustada a derecho) y merecería de una agotada revisión para consolidar esa incompatibilidad con el sistema constitucional. En cuanto a lo primero, creo que está bien lo que hizo la Juez pues de lo contrario no podría haber sentenciado a favor de la unión. En cuanto a lo segundo, lo que (no) hizo Macri deja bastante que desear.
Ojalá en algún momento se logre la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo pues no tienen por qué seguir "amándose en la clandestinidad", aunque hubiese aconsejado al Ing. Macri apelar el decisorio. Porque en definitiva es lo que debe hacer, mal que le pese a su imagen, así como pedir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en última instancia, que se expida sobre el asunto en lo particular, y al Congreso de la Nación que legisle para la generalidad si se logran las mayorías necesarias para hacer frente a los tiempos que corren y reformar lo que sólo el Congreso de la Nación podría reformar.
Todo bien, pero creo que esta actitud cool del Jefe de Gobierno trae aparejado un vicio de relevancia institucional que hasta podría traer mayores dolores de cabeza a estos dos tortolitos en un futuro en el que no se pueden descartar eventuales peticiones de nulidad. Sectores como la Iglesia Católica no creo que estén muy tranquilas con esta medida elusiva del orden público que importa la actitud del Gobierno, y no se hasta qué punto la sentencia de la Juez Seijó ha adquirido calidad de cosa juzgada ante eventuales acciones ante tribunales de mayor jerarquía.
Comparto las ganas de acelerar los cambios para que cada vez más gente pueda gozar de un derecho reclamado. Pero los tiempos de la seguridad jurídica, de las añoradas igualdad y libertad, son más lentos que los de la gestión pública. Así, en cambio, el camino más corto se convierte en el más incierto y genera, tristemente, expectativas infundadas.
